Las instalaciones que producen biogás
con excrementos están a punto de irse a pique al reducirse casi un 50% las
primas a la producción
Ni siquiera los granjeros
que apostaron por convertir sus residuos ganaderos en biogás (gas natural) se libran del desánimo por la
falta de estímulos oficiales para defender la energía de origen renovable. Esta
actividad va camino de irse a pique (pese a que es ejemplar como modo de
eliminar los residuos ganaderos y tener una fuente de electricidad adicional de
origen renovable).
En España hay 23 plantas
de biogás (siete en Catalunya), mientras que en Alemania, por el contrario, hay
más de 8.700. Pero la nueva orden de ayudas que prepara el Ministerio de
Industria rebaja casi un 50% las ayudas a la producción de energía renovable en
estas instalaciones, lo que conducirá al cierre de la
mayor parte de plantas.
“Nos quieren arruinar”,
sentencia Óscar Bartomeu, gerente de Biovec. En estas instalaciones, los
residuos ganaderos se mezclan con restos de la industria alimentaria y así se
genera un gas (el biogás) que mueven los motores para producir electricidad y
en otras ocasiones sirve para obtener calor para diversos usos.
Además, como residuo,
este proceso permite obtener un abono de gran calidad que se utiliza en los
campos para fertilizar zonas agrícolas. Hasta ahora, el sector recibía una
ayuda de 14 céntimos el kilowatio hora producido, pero el Gobierno, dentro de
su polémica reforma eléctrica, ha anunciado su deseo de reducir las ayudas a
unos 10 céntimos el kilowatio hora producido.
“Siempre hemos tenido
ayudas muy ajustadas, a diferencia del sector eólico o fotovoltaico. La gente
que ha hecho estas inversiones lo ha hecho creyendo que así se conseguía una
mejor gestión ganadera, y no porque pensara que así se haría rica”, dice
Bartomeu.
El problema es que la
retribución es tan reducida que los granjeros o inversionistas que financiaron
con créditos estas instalaciones no los podrán devolver. “Vamos directos a la
bancarrota, al concurso de acreedores, porque los ingresos estarán por debajo
de nuestra capacidad de mantener las instalaciones”, dice Bartomeu, convencido
de que “es imposible devolver los créditos en las condiciones en que nos lo
ponen”.
Mientras en España se
instalaban cientos o miles de MW cada año de energía fotovoltaica o eólica,
apenas se crearon megavatios de biogás al año, ya que con las retribuciones no
eran un gran negocio. De hecho, este es el ámbito de las energías renovables
con menor desarrollo de entre las tecnologías acogidas al real decreto
661/2007.
“Esto es debido a que las
tarifas que tenía dicho borrador eran muy justas y no permitían su desarrollo a
gran escala”. Por eso, en Alemania hay unas 8.700 plantas de este tipo,
mientras que en España se lograron realizar 23 plantas de biogás, con una
potencia instalada que estaba muy por debajo de los objetivos fijados por el
PER (Plan de Energías Renovables 2011-2020).
“Nos prometieron un
‘rentabilidad razonable’ y teníamos incluso la esperanza de que nos subirían
las tarifas percibidas hasta el momento, ya que según los propios datos del
Ministerio y del propio Boston Consulting (una de las empresas encargadas de
hacer el estudio de ‘rentabilidad razonable’) estábamos por debajo o justo en
el umbral de los costes”, añade Bartomeu. Por eso, perplejidad es la palabra
que mejor define su situación creada.
Boston Consulting y el
Ministerio llegaron a afirmar que los costes de operación y de mantenimiento
eran de 90 euros/MW, como mínimo. Y en el borrador de decreto, para una planta
realizada en 2011, se considera que los costes de operación y de mantenimiento
es de unos 56 euros/MW.
“Si se han equivocado
solicitamos que corrijan rápidamente el error; les aseguro que hay gente que lo
está pasando muy mal. Rectificar es de sabios. Tanto el Ministerio, como Boston
Consulting, solo tienen que aplicar sus propios datos”, agrega.
“Si no; si consideran que
lo que han hecho está bien, entonces carecen de dignidad y vergüenza, ya que
una empresa que vende servicios de auditoría, y teóricamente especializada en
energía, y un Ministerio no pueden bajar a su conveniencia un 50% la prima en
una tecnología contradiciendo sus propios datos. Si aplican su ‘rentabilidad
razonable’ del borrador actual, nos envían a todos a la bancarrota y lo saben”.
Además, como residuo, este proceso permite obtener un abono de gran calidad que se utiliza en los campos para fertilizar zonas agrícolas. Hasta ahora, el sector recibía una ayuda de 14 céntimos el kilowatio hora producido, pero el Gobierno, dentro de su polémica reforma eléctrica, ha anunciado su deseo de reducir las ayudas a unos 10 céntimos el kilowatio hora producido.
“Siempre hemos tenido ayudas muy ajustadas, a diferencia del sector eólico o fotovoltaico. La gente que ha hecho estas inversiones lo ha hecho creyendo que así se conseguía una mejor gestión ganadera, y no porque pensara que así se haría rica”, dice Bartomeu.
El problema es que la retribución es tan reducida que los granjeros o inversionistas que financiaron con créditos estas instalaciones no los podrán devolver. “Vamos directos a la bancarrota, al concurso de acreedores, porque los ingresos estarán por debajo de nuestra capacidad de mantener las instalaciones”, dice Bartomeu, convencido de que “es imposible devolver los créditos en las condiciones en que nos lo ponen”.
Mientras en España se instalaban cientos o miles de MW cada año de energía fotovoltaica o eólica, apenas se crearon megavatios de biogás al año, ya que con las retribuciones no eran un gran negocio. De hecho, este es el ámbito de las energías renovables con menor desarrollo de entre las tecnologías acogidas al real decreto 661/2007.
“Esto es debido a que las tarifas que tenía dicho borrador eran muy justas y no permitían su desarrollo a gran escala”. Por eso, en Alemania hay unas 8.700 plantas de este tipo, mientras que en España se lograron realizar 23 plantas de biogás, con una potencia instalada que estaba muy por debajo de los objetivos fijados por el PER (Plan de Energías Renovables 2011-2020).
“Nos prometieron un ‘rentabilidad razonable’ y teníamos incluso la esperanza de que nos subirían las tarifas percibidas hasta el momento, ya que según los propios datos del Ministerio y del propio Boston Consulting (una de las empresas encargadas de hacer el estudio de ‘rentabilidad razonable’) estábamos por debajo o justo en el umbral de los costes”, añade Bartomeu. Por eso, perplejidad es la palabra que mejor define su situación creada.
Boston Consulting y el Ministerio llegaron a afirmar que los costes de operación y de mantenimiento eran de 90 euros/MW, como mínimo. Y en el borrador de decreto, para una planta realizada en 2011, se considera que los costes de operación y de mantenimiento es de unos 56 euros/MW.
“Si se han equivocado solicitamos que corrijan rápidamente el error; les aseguro que hay gente que lo está pasando muy mal. Rectificar es de sabios. Tanto el Ministerio, como Boston Consulting, solo tienen que aplicar sus propios datos”, agrega.
“Si no; si consideran que lo que han hecho está bien, entonces carecen de dignidad y vergüenza, ya que una empresa que vende servicios de auditoría, y teóricamente especializada en energía, y un Ministerio no pueden bajar a su conveniencia un 50% la prima en una tecnología contradiciendo sus propios datos. Si aplican su ‘rentabilidad razonable’ del borrador actual, nos envían a todos a la bancarrota y lo saben”.
Fuente: La vanguardia
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